Desde hace varios meses, el gobierno viene anunciando diversas medidas para el endurecimiento del código penal. No somos expertos, ni mucho menos, pero no hace falta tener muchos conocimientos en temas jurídicos para sentir por esta nueva reforma un profundo rechazo: la excusa en la ignorancia en este tipo de temas sólo oculta la vergüenza de estar de acuerdo o la despreciable indiferencia ante el hecho del encierro y la tortura.
Desde la muerte del caudillo, allá por el año 75 del pasado siglo, se percibe un tira y afloja entre juristas y legisladores de diversas tendencias por el peso de cada elemento de la dualidad reinserción-castigo dentro del espíritu de la legislación española.
Se presupone entre los juristas más o menos progresistas una predisposición a defender o promover medidas judiciales vinculadas a la reinserción e integración social. Detrás de su concepción de lo social y humano hay una visión más o menos positiva. Un argumento que ellos esgrimen en favor de su visión del sistema judicial es simple: los estados que tienen leyes más duras, es decir, los que tienen los sistemas judiciales más rígidos o punitivos (pena de muerte incluida) no son los que tienen un menor índice de criminalidad. Por tanto, “leyes más duras” no significa “menos delito”.
Los juristas más o menos conservadores tienden a defender medias exclusivamente punitivas. Su visión negativa del hombre implica una confianza total en el castigo como medida para inhibir la delincuencia. Se sustituye la posible (a veces compleja) naturaleza social del delito por una especie de innatismo delincuencial. La solución a cualquier problema de tipo delictivo será el endurecimiento de las penas.
Los juristas progresistas pretenden solucionar las cosas con trabajadores sociales; los conservadores con policías.
Hoy en día, el sistema judicial del Estado español está en manos de las clases sociales dominantes más reaccionarias, una especie de horda encabezada por Ruiz Gallardón, político turbocapitalista católico. Gallardón tiene fe en que más miedo a la ley traerá menos delito. La nueva reforma trae un poquito de machismo ultracatólico para satisfacer a los lobbies vinculados a la Iglesia; otro poquito de intensificación de la represión para amedrentar a los sectores sociales más concienciados y, para terminar, un poco de populismo barato para contentar a las masas telehipnotizadas por casos de crímenes-espectáculo[1]. Todo esto lo pretende conseguir con medidas como condenar a quienes hagan convocatorias que acaben en disturbios como un delito de integración en organización criminal, equiparar la violencia callejera con terrorismo y la resistencia pasiva con atentado a la autoridad, penar aún más la desobediencia contra la autoridad, endurecer las medidas contra la multirreincidencia y, como una de las medidas estrella junto a la modificación de los derechos básicos en la interrupción del embarazo, la implantación de la cadena perpetua revisable.
Parece que existen diferencias entre estos dos modos que arriba explicábamos de entender el sistema judicial. A pesar de las diferencias, ambas fórmulas parten de una premisa común: entender el sistema judicial como una herramienta de control social que en ningún caso pretende erradicar la injusticia sino que simplemente pretende poner parches a los problemas estructurales que genera el sistema capitalista, sistema que se construye sobre la institucionalización de la avaricia. Los anarquistas no creen en el sistema judicial, institución estatista, sino en su destrucción en paralelo a la transformación radical de la sociedad. Para una crítica del sistema judicial os recomendamos una lectura que podéis encontrar en nuestra biblioteca virtual El anarquismo contra el derecho.
Si queréis leer detalles de la reforma penal anunciada desde la perspectiva socialdemócrata de un “especialista” (¡¡¡¡Precaución!!!!) os dejamos un enlace que encontramos en la red:
http://www.nuevatribuna.es/opinion/juan-m-terradillos-basoco/reforma-penal-el-regreso-a-la-caverna/20120724134132078689.html
Por la destrucción de las cárceles. Por la Anarquía.
[1] Un crimen-espectáculo es, como dice el nombre, un delito de gravedad convertido en espectáculo por los medios de “comunicación” de masas con varios ingredientes: demagogia, amarillismo y vísceras.
GRUPO ANARQUISTA HELIOGÁBALO
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